Gobernación y organizaciones sociales exponen visiones opuestas sobre la resolución del Ministerio de Agricultura.

La decisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de delimitar Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en ocho municipios del norte del Tolima continúa generando un amplio debate institucional, político y social en el departamento.

Por un lado, la Gobernación del Tolima presentó ante el Consejo de Estado un medio de control de nulidad contra la Resolución 000352 del 9 de diciembre de 2024 y solicitó la suspensión provisional de sus efectos. El Gobierno departamental sostiene que, aunque el acto administrativo señala que las ZPPA no constituyen aún determinantes de ordenamiento territorial, su aplicación podría derivar en restricciones al uso del suelo sin una concertación previa con los municipios, lo que a su juicio afectaría la autonomía territorial, la planificación local y el desarrollo económico regional.

La resolución identifica como ZPPA un corredor agropecuario de la Cordillera Norte Occidental, que comprende los municipios de Falan, Villahermosa, Líbano, Murillo, Palocabildo, Casabianca, Herveo y Fresno. Según el Ministerio, estos polígonos se basan en estudios técnicos y cartografía elaborados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y servirán como insumo para una eventual declaratoria de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), figura que sí tendría carácter vinculante conforme a la Ley 2294 de 2023.

En contraste, sectores sociales, colectivos ambientales y defensores del territorio han manifestado su respaldo a la política nacional de protección de suelos agrícolas. En un pronunciamiento conocido por este medio, un líder social del norte del Tolima aseguró que existen preocupaciones frente a acciones judiciales promovidas en nombre de comunidades campesinas, pero que según su versión estarían influenciadas por actores privados con intereses económicos en la zona, particularmente del sector minero y turístico.

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De acuerdo con este vocero, el documento que circula sobre supuestos impactos sectoriales de la medida habría sido elaborado desde una óptica empresarial y no desde las comunidades rurales. Asimismo, afirmó que algunos procesos de recolección de firmas podrían haberse realizado sin información completa a la población involucrada .

El mismo pronunciamiento señala que organizaciones sociales continúan defendiendo la implementación de las áreas de protección alimentaria por considerar que estas buscan salvaguardar el campesinado y la vocación agrícola del norte del Tolima. Además, se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las ministras de Agricultura y de Ambiente (encargada) hagan presencia en la región, en medio de alertas por la situación de orden público y por un atentado denunciado contra una defensora de derechos humanos que cuenta con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección, hecho que está siendo puesto en conocimiento de las autoridades competentes .

Mientras el Consejo de Estado estudia la solicitud de suspensión provisional y el fondo de la demanda presentada por la Gobernación, el debate sigue abierto entre quienes consideran que la resolución representa un riesgo para la autonomía territorial y quienes la defienden como una herramienta para garantizar la seguridad alimentaria y la protección del suelo rural en el departamento.