Por: Dahian García Covaleda

La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia con una inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos al exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, por su presunta participación en política a favor de una candidata durante el periodo de campaña de 2023.

Aunque la sanción fue apelada y aún no está en firme lo que significa que, por ahora, Hurtado técnicamente mantiene su derecho a aspirar a la Gobernación del Tolima en 2027 mientras se define la segunda instancia y eventualmente una revisión del Consejo de Estado, lo cierto es que el fallo refleja un golpe profundo a su proyección política.

El camino político de Hurtado, que en algún momento se planteó como una opción para liderar el Tolima desde la Gobernación, parece hoy más un espejismo que una realidad posible. Su sanción por parte de la Procuraduría no solo empaña su hoja de vida, sino que deja al descubierto uno de los riesgos más grandes en política, sembrar aspiraciones sin cimentarlas en prácticas limpias y sólidas.

Su estrategia (según su equipo) ha sido insistir en que el fallo es injusto y que su proyecto sigue “firme”, confiando en que se revertirá en instancias superiores. Sin embargo, la política regional no suele perdonar la incertidumbre jurídica ni la percepción de intromisión en procesos electorales, especialmente en un departamento como el Tolima donde la confianza ciudadana está golpeada por repetidos escándalos de funcionarios públicos.

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La historia política de Hurtado ahora sirve como advertencia, no basta con ambicionar posiciones de mayor alcance si no se construyen bases éticas y claridad en la ejecución de cargos anteriores. Su aspiración de convertirse en gobernador del Tolima se ve hoy fracturada por un proceso disciplinario que, aun sin estar cerrado, ha iniciado el desgaste de una figura que pretendía trascender el nivel municipal para ocupar el más alto cargo regional.

No es solamente la sanción en sí lo que marca un antes y un después, sino la percepción del electorado y de los actores políticos, un líder cuya carrera se asocia a fallos disciplinarios enfrenta una cuesta arriba para recuperar credibilidad. En política, la legitimidad también se construye en el escrutinio ético; y en esa arena, Hurtado acaba de perder terreno de manera significativa.

Mientras el proceso avanza y su destino político definitivo se decide en instancias superiores, el sueño de ser gobernador queda hoy más como una idea pendiente, una ambición que nunca terminó de crecer sobre cimientos firmes.

Si finalmente el fallo se confirma, la historia de Hurtado pasará a ser un ejemplo más de cómo (en el turbulento tablero político colombiano) los castigos disciplinarios pueden truncar carreras, no solo cancelar candidaturas. Y si se revierte, quedará la pregunta abierta sobre cuánto tiempo tardará la opinión pública en volver a confiar en una figura cuya trayectoria reciente ha estado marcada por sanciones y controversias.