Condenado exsecretario de Salud por mortalidad infantil en la Guajira

Mediante preacuerdo, fue condenado a 37 meses de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo abundante material de prueba para demostrar la responsabilidad de Emerson Segundo Pinto Camargo, exsecretario de salud de Albania departamento de la Guajira, en irregularidades detectadas en tres convenios interadministrativos suscritos en 2011, con el Hospital San Rafael, que tenían como objeto desarrollar planes de acción para reducir la mortalidad infantil, especialmente, en comunidades indígenas.

Ante la contundencia de los elementos, el exfuncionario aceptó su responsabilidad en los hechos y, mediante preacuerdo, fue condenado a 37 meses de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público.

En la investigación se constató que el exsecretario de salud de Albania, como supervisor de los convenios, elaboró y aprobó actas de inicio, ejecución y liquidación de los contratos y de las interventorías. Con estos documentos se avaló el pago de más de $18.990 millones de pesos.

Asimismo, se estableció que los convenios fueron entregados a 10 particulares que no cumplieron a cabalidad las actividades previstas, ni se entregó a la totalidad de los grupos indígenas ayudas alimenticias, agua potable, medicamentos y atención médica profesional.

Con relación a las etapas previas de la contratación se identificaron inconsistencias como carencia de estudios técnicos y financieros, y ausencia de un censo de la población a beneficiar y su ubicación geográfica. Mientras que en la fase de ejecución se conoció que fueron contratadas 1.459 personas a quienes se les pago un valor diferente al reflejado en las órdenes de prestación de servicios.

Adicionalmente, quedaron en evidencia sobrecostos y múltiples labores que nunca se realizaron, pero fueron cobradas. Este proceso, liderado por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, da cuenta de que gran parte de los recursos involucrados en estos convenios habrían sido desviados para financiar una campaña política a la gobernación del departamento.