Concejales de Ibagué reaccionaron al fallo del Tribunal Administrativo del Tolima en contra de la alcaldesa Johana Aranda

Varios de los cabildantes pusieron en tela de juicio la decisión y se atrevieron a manifestar que era un fallo netamente político.

La decisión del Tribunal Administrativo del Tolima de ordenar el arresto de la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, ha encendido las alarmas en el escenario político local. Lo que para unos es un llamado al cumplimiento de la justicia, para otros se percibe como una medida desproporcionada, incluso con tintes de presión política. En medio del debate, concejales de distintas colectividades se pronunciaron, abriendo una discusión que va más allá del fallo judicial y toca fibras sensibles del poder en la ciudad.

El concejal Carlos Beltrán, del Partido Conservador, fue uno de los primeros en pronunciarse. Para él, el fallo debe ser revisado, pues considera que no se ha tenido en cuenta el contexto completo del caso ni el papel de otras entidades involucradas, como Cortolima.

“Me parece una decisión apresurada. La responsabilidad también recae en otras instituciones, y aquí solo se está señalando a la alcaldesa”, afirmó.

Además, cuestionó si detrás de la medida podría haber presiones políticas: “Parece que incomoda cualquier avance que se vea en la ciudad. No estamos en campaña, pero hay sectores que quieren sabotear desde obras hasta debates clave. Incluso se ha intentado frenar la inauguración de las piscinas de la 42”, aseguró.

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En una línea similar, el concejal Geovanni Martínez, del Centro Democrático, expresó su sorpresa por la severidad de la decisión judicial.

“No veo que eso prospere. No me imagino a Johana Aranda 15 días en la cárcel ni en una estación de Policía”, dijo. Advirtió que, más allá de lo que ocurra con la mandataria, el impacto reputacional podría extenderse a toda la ciudad. “Tener a la alcaldesa en una cárcel afectaría la imagen de Ibagué. Ella representa a más de 600 mil ciudadanos”, señaló.

Aunque descartó una injerencia directa de contratistas, no descartó motivaciones políticas:
“Sería muy bajo que alguien quiera afectar políticamente no solo a Johana Aranda, sino a toda la ciudad”.

Por su parte, el concejal Camilo Tavera, del Partido MIRA, calificó el fallo como excesivo y defendió las acciones que, según él, ha adelantado la Administración para dar cumplimiento a la sentencia judicial.

“Desde el Concejo aprobamos un empréstito y lo incluimos en el Plan de Desarrollo para que estas familias tengan una vivienda digna en El Reposo. La voluntad ha existido”, aseguró.

Reconoció que la responsabilidad recae sobre la Alcaldía, pero insistió en que tanto el gobierno local como el Concejo han intentado avanzar en la solución.

“No nos hemos quedado quietos. Hemos estado pendientes del tema y esperamos que las gestiones avancen con mayor celeridad”, concluyó.

Por ahora, se mantiene la expectativa frente al curso que tomará la apelación interpuesta por la defensa de la alcaldesa. Mientras tanto, los cabildantes insisten en que el debate debe centrarse en soluciones de fondo que respondan al cumplimiento de las órdenes judiciales sin recurrir a medidas que puedan alterar el orden institucional.