El Tribunal Administrativo de Cundinamarca trasladó el caso al organismo competente para evaluar si se incumplieron medidas cautelares relacionadas con declaraciones sobre el proceso electoral.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una solicitud presentada por el abogado Ramiro Bejarano Guzmán para que se evalúe un presunto desacato del presidente Gustavo Petro a medidas cautelares emitidas en el marco de una controversia judicial relacionada con declaraciones sobre el sistema electoral colombiano.

La petición se originó tras un memorial radicado el pasado 1 de junio, en el que Bejarano puso en conocimiento del Tribunal varias declaraciones realizadas por el mandatario durante la jornada de la primera vuelta presidencial de 2026 y después de ejercer su derecho al voto. Según el abogado, dichas manifestaciones podrían contravenir una decisión judicial emitida el 10 de abril de este año, mediante la cual se ordenó al jefe de Estado rectificar afirmaciones previas sobre posibles fraudes electorales y abstenerse de realizar señalamientos similares sin contar con pruebas suficientes.

En las declaraciones mencionadas, el presidente reiteró cuestionamientos sobre el software electoral utilizado en el país y planteó la necesidad de que el Estado asumiera el control de estos sistemas, al tiempo que expresó preocupaciones sobre eventuales riesgos para la transparencia electoral.

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Mediante providencia del 2 de junio, el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano señaló que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-275 de 2025, cualquier actuación sancionatoria contra el presidente de la República debe ser conocida por la Comisión de Investigación y Acusación, debido al fuero constitucional especial que ampara al jefe de Estado.

Con base en ese precedente, el Tribunal concluyó que no tiene competencia para tramitar directamente el incidente de desacato y ordenó remitir tanto la solicitud como el expediente correspondiente a la Comisión de Acusaciones, organismo que deberá determinar si existen méritos para adelantar una investigación.

La decisión no constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad del mandatario, sino que traslada el análisis del caso a la instancia constitucional encargada de investigar a los altos funcionarios del Estado. El asunto se desarrolla en medio del proceso electoral presidencial de 2026 y reabre el debate sobre los alcances de las intervenciones públicas de los funcionarios frente a temas relacionados con la organización y la confianza en el sistema electoral.