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Carolina Corcho se solidarizó con los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

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La exprecandidata presidencial calificó como una “injusticia” la medida de prisión impuesta en contra de ellos.

La exministra de Salud Carolina Corcho expresó su solidaridad con los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de imponerles medida de aseguramiento en establecimiento carcelario el 18 de diciembre de 2025.

A través de su cuenta de X, Corcho calificó la determinación judicial como una «injusticia» y un «exabrupto», argumentando que la magistrada Aura Alexandra Rosero actuó faltando a los principios de ecuanimidad y proporcionalidad, al ordenar prisión intramural pese a que la Fiscalía solo solicitó detención domiciliaria.

La hoy candidata al Senado señaló que la decisión parece responder a una «politización de la justicia» con fines electorales, buscando «magnificar un presunto acto de ilegalidad» y generar la percepción de corrupción en el gobierno, en detrimento de la humanidad de dos personas que, a su juicio, no representan peligro para la sociedad.

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La exfuncionaria contrastó el caso con la liberación previa de Álvaro Uribe Vélez por parte de la misma magistrada, y expresó confianza en que una «justicia justa e imparcial» revierta la medida con celeridad, preservando el Estado de Derecho.

Finalmente, reiteró su solidaridad con sus «ex colegas», destacando su derecho a demostrar su inocencia. Corcho, quien ocupó el segundo lugar en la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025 —donde Iván Cepeda fue elegido como candidato presidencial de la coalición—, ha enfocado recientemente su actividad política en el apoyo a las listas al Congreso del movimiento progresista.

Es de recordar que los exministros Bonilla y Velasco son investigados por presunta participación en irregularidades contractuales en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías, en el marco de un escándalo que involucra el supuesto direccionamiento de recursos para obtener apoyos legislativos. Ambos se declararon inocentes y sus defensas han apelado la decisión.

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