Cárcel para cuatro personas que habrían desplazado de sus tierras a un grupo de indígenas en Coyaima

Entre los judicializados se encuentra quién sería la gobernadora de un resguardo indígena en jurisdicción del municipio de Coyaima.

Luego de avalar la solicitud de una fiscal especializada de la seccional Tolima, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Sonia Milena Aguja Viuche, Jorge Enrique Saiz García, Ángel María Aguja Alape y Álvaro Aguja como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado.

Los hechos investigados ocurrieron entre enero de 2022 y mayo de 2024 cuando los hoy procesados, pertenecientes a un resguardo indígena de la vereda Nueva Esperanza, jurisdicción del municipio de Coyaima (Tolima), habrían desplazado a ocho familias indígenas de sus tierras. Los predios luego serían arrendados a ganaderos y arroceros de la zona.

Las investigaciones evidenciaron que Aguja Viuche sería quien definía los pormenores de los delitos; además de intimidar a las familias con asesinarlas en caso de negarse a salir de los terrenos. Al parecer, también ordenaría la quema de cultivos de plátano, yuca, maíz blanco y flor de Jamaica; y la muerte de animales de granja y ganado propiedad de los afectados.

Le puede interesar: Policía Tolima confirmó que el Clan del Golfo pretende ingresar al departamento

De esta manera presionaba a las víctimas para que salieran de los terrenos. Uno de los desplazamientos atribuidos a la organización ilegal ocurrió en julio de 2023 cuando la víctima, quién llevaba más de seis años viviendo en el resguardo, al parecer, fue desalojada por orden de Aguja Viuche, quien se cree ordenó que tumbaran y quemaran las cercas que delimitaban el predio.

Además, a la víctima era conminada a pagar 108 millones de pesos, a cambio de permitirle retornar a sus tierras. Los procesados fueron capturados el 10 de junio del año en curso en desarrollo de varias diligencias de registro y allanamientos adelantadas por la Policía Nacional.

Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad frente a los delitos imputados por la Fiscalía.