La exfuncionaria no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación puso bajo la lupa un presunto caso de corrupción relacionado con contratos financiados con recursos de regalías para la construcción de 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas de Ataco, Tolima.

De acuerdo con el ente acusador, el proyecto, cuyo presupuesto hacía parte de contratos por $21.550 millones, habría presentado irregularidades en la adjudicación de dos contratos de obra y dos de interventoría. Las obras aún no han sido terminadas.

Entre las personas investigadas se encuentra Adriyojana Lugo Camacho, quien hasta hace un mes se desempeñó como secretaria de Planeación e Infraestructura de Ataco. Según la Fiscalía, la exfuncionaria habría elaborado los estudios previos de dos contratos de interventoría para favorecer a un único proponente y posteriormente habría participado en el comité evaluador que recomendó adjudicárselos por $1.061 millones.

Además, el organismo investigador señala que, en su condición de supervisora, habría permitido la ejecución de obras sin el acompañamiento de la interventoría. También es investigada por avalar un acta de suspensión contractual en agosto de 2024 que, presuntamente, aparecía firmada por el representante de la firma interventora, quien no habría asistido a la reunión en la que se elaboró el documento.

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Según el reporte de la Fiscalía, estas actuaciones habrían ocasionado un detrimento patrimonial de $499 millones, correspondiente a recursos que fueron desembolsados.

Lugo Camacho se presentó ante la Sijín de la Policía Nacional en Neiva, Huila, luego de conocer que existía una orden judicial en su contra. Posteriormente, un fiscal especializado contra la corrupción le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

La exsecretaria no aceptó los cargos. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia, decisión que fue apelada por la Fiscalía.

La investigación busca establecer las responsabilidades de los involucrados en las presuntas irregularidades que rodearon la contratación y ejecución de este proyecto en el municipio de Ataco.