Según lo expresado, el aumento podría trasladarse al costo de los proyectos y afectar a familias de bajos ingresos.

El incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional podría tener un impacto directo en el valor de la vivienda de interés social (VIS), según lo manifestó Veliz Mejía, gerente de Camacol, quien expresó su preocupación por las implicaciones que esta medida traería para el sector constructor y para las familias que acceden a este tipo de vivienda.

De acuerdo con el vocero gremial, el ajuste salarial generó un aumento inmediato en el valor de las viviendas VIS. «A las familias se les creció en un solo día, del 31 de diciembre al primero de enero, la vivienda en 29 millones de pesos», afirmó, al señalar que estas viviendas están dirigidas a hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

En ese sentido, Mejía cuestionó la viabilidad financiera para los compradores. «¿Usted cree que personas que ganan dos salarios mínimos pueden pagar 29 millones de pesos más?», indicó, agregando que, en caso de no recibir subsidios, los hogares tendrían que recurrir a créditos bancarios. «El banco les prestará ese dinero, pero la pregunta es si pueden asumir la cuota mensual», sostuvo.

El gerente de Camacol también se refirió a la indexación de la vivienda al salario mínimo y señaló que cualquier modificación debió realizarse antes del incremento salarial. «Si se quería desindexar la vivienda, debía hacerse mediante un decreto o una ley y luego aumentar el salario mínimo», explicó.

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Frente a los anuncios realizados por el presidente Gustavo Petro en redes sociales, Mejía afirmó que este tipo de cambios no pueden hacerse por esa vía. «Uno no puede, a través de redes sociales, cambiar leyes que ya están vigentes», aseguró, recordando que el Plan Nacional de Desarrollo establece los topes de la vivienda de interés social. «El artículo 293 fija la VIS en 135 salarios mínimos para ciudades como Ibagué y en 150 salarios mínimos para ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras capitales», precisó.

Asimismo, explicó que el impacto del aumento no será igual para todos los proyectos. «Un constructor que está terminando su obra probablemente no traslade todo el incremento, pero quien está a mitad del proyecto o en etapa de preventa sí tendrá que reflejarlo en el precio final», señaló.

Mejía agregó que, tras la pandemia y el estallido social, la mayoría de las constructoras optaron por pactar los precios en salarios mínimos como una medida de protección frente al aumento de insumos. «El acero ha tenido incrementos significativos y la mano de obra representa entre el 32% y el 40% del costo total; un aumento del 23,7% termina impactando el precio final de la vivienda», indicó.

Finalmente, el dirigente gremial señaló que la construcción de vivienda VIS continúa siendo posible, aunque con márgenes reducidos. «No es que no sea rentable, pero los márgenes son muy bajos y cada constructor tendrá que hacer cuentas y sentarse con las familias para explicar si el incremento puede o no ser asumido», concluyó.