El docente universitario Guillermo Naranjo hizo un análisis del oficio ancestral que estaría siendo usado como fachada para lavado de activos, extorsión y microtráfico, generando riesgos económicos, sociales y de seguridad en municipios como El Espinal e Ibagué.

La preocupación por las prácticas de brujería en el Tolima ha escalado en los últimos meses, especialmente en municipios como El Espinal e Ibagué, donde la Policía Nacional adelanta investigaciones en el marco del Plan Espinal Seguro. Capturas, allanamientos y operativos interinstitucionales buscan esclarecer el posible vínculo de estos oficios ancestrales con economías ilegales que afectarían la seguridad y el orden público.

En este contexto, el docente universitario y analista Guillermo Naranjo abordó el tema en el programa Enfoque Noticias de Enfoque TeVe, donde explicó su visión desde la economía del crimen, disciplina que estudia los incentivos económicos que llevan a ciertos comportamientos delictivos. Según Naranjo, más allá de su carácter cultural y tradicional, la brujería en el Tolima ha mostrado una transformación que la acerca a un «modelo de negocio ilícito».

«La brujería no es magia, es una estructura de mercado, muy similar a la corrupción, en el sentido en que se presentan chantajes, extorsiones y, últimamente, lavado de activos», afirmó. Explicó que estas prácticas funcionan como un instrumento económico, permitiendo mover dinero sin controles claros y generando beneficios financieros para quienes las ejercen. «Ya no se lava dinero con peluquerías o parqueaderos; ahora se está haciendo con brujería porque primero no hay facturación electrónica y segundo nadie cuestiona el tema de los velones o los tratamientos», puntualizó.

El analista también destacó el impacto social y económico de esta transformación. Según su estudio, muchos jóvenes se sienten atraídos por la posibilidad de enriquecerse rápidamente. «Ven que dedicarse a esto genera dinero rápido, vehículos, viviendas, y eso termina desplazando la educación y el trabajo formal», señaló. De hecho, Naranjo citó ejemplos de inversiones que no se explican por los ingresos legales de quienes las realizan: «Viviendas de 400 o 500 millones de pesos con ingresos que apenas superan el salario mínimo muestran que algo está pasando», indicó, destacando que estas actividades podrían afectar la economía local y la informalidad de la ciudad.

El análisis de Naranjo también alertó sobre la conexión entre la brujería y otros delitos. Según él, estas prácticas han llegado a vincularse con microtráfico, extorsión y homicidios, lo que genera un riesgo mayor para la seguridad pública. Para ilustrar el fenómeno, el académico comparó la situación actual en El Espinal con la explosión del crimen organizado en Medellín durante los años 90, donde se establecieron «fronteras invisibles» entre bandas para proteger negocios ilegales y reducir la intervención policial.

El docente resaltó que las soluciones puramente policiales o locales no son suficientes. «La raíz del problema es bloquear el flujo de dinero, y eso requiere cooperación internacional y castigos reales que modifiquen los incentivos económicos del crimen», explicó. Además, advirtió sobre la dificultad de cambiar la conducta de jóvenes atraídos por el enriquecimiento rápido: «En la economía del crimen, los incentivos superan al castigo. Al igual que la corrupción, las personas calculan que el beneficio económico vale más que la sanción», sostuvo.

Naranjo también abordó el fenómeno de manera histórica, citando estudios universitarios y casos documentados: «Hace algunos años, un trabajo de grado en la Universidad de Ibagué identificó que los llamados nuevos ricos de la ciudad estaban vinculados a la economía de la brujería. Esto incluye compras de vehículos, inmuebles y negocios, con ingresos que no se justifican por la economía formal». Adicionalmente, señaló que incluso algunas prácticas están llegando a escenarios internacionales, como el envío de dinero vía billeteras digitales hacia Estados Unidos y Europa, lo que complica el rastreo y control de los recursos.

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Otro aspecto que destacó Naranjo es la mezcla de la brujería con otros servicios fraudulentos, como la expedición de visas estadounidenses o la venta de «amarres» para obtener favores personales, que terminan convirtiéndose en una forma de estafa o extorsión. «Una señora en Bogotá llegó a vender su casa y entregar más de 300 millones de pesos a estos grupos, que luego unían fuerzas con otros brujos para extorsionar», aseguró, dejando claro que no se cuestiona la tradición cultural, sino la transformación hacia prácticas delictivas.

El académico advirtió que, si no se toman medidas integrales, el fenómeno podría intensificarse. «Si bien la brujería en sí es cultural y tradicional, cuando se convierte en fachada del crimen organizado genera efectos sociales, económicos y de seguridad muy complejos que deben abordarse de manera integral», concluyó.

El análisis de Naranjo coincide con los esfuerzos de la gobernadora Adriana Magali Matiz, quien ha priorizado investigaciones en El Espinal y otros municipios, y ha solicitado apoyo de la Fiscalía y cooperación internacional para desarticular estructuras vinculadas a lavado de activos y otras economías ilegales. Según la mandataria, el objetivo es garantizar transparencia, seguridad y orden en el departamento, mientras se protege a la ciudadanía de prácticas que, aunque ancestrales, pueden derivar en delitos graves.