Las investigaciones ampliadas en regiones como Meta y Casanare revelan más de 1.400 casos no registrados previamente.

El panorama de la justicia transicional en Colombia ha registrado un cambio significativo luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmara un aumento en el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos». Según informó su presidente, Alejandro Ramelli Arteaga, la cifra pasó de 6.402 casos documentados inicialmente a aproximadamente 7.837, tras la incorporación de nuevos hallazgos en distintas regiones del país.

De acuerdo con el tribunal, este incremento no corresponde a hechos recientes, sino a una profundización investigativa que ha permitido identificar más de 1.400 casos adicionales que permanecían fuera del registro. La ampliación del análisis hacia departamentos como Huila, Casanare y Meta, junto con la apertura de nuevos subcasos dentro del Macrocaso 03, ha sido determinante para evidenciar un subregistro previo.

La JEP señaló que el acceso a archivos de inteligencia militar previamente reservados, así como la contrastación de información con la Fiscalía General de la Nación y denuncias de organizaciones de víctimas, han permitido reconstruir patrones de criminalidad estatal con mayor precisión. Este trabajo ha extendido el periodo de análisis más allá de los años críticos de 2002 a 2008, abarcando hechos desde finales de los años noventa hasta 2016.

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Un elemento clave en este proceso ha sido la participación de comparecientes entre ellos militares de distintos rangos que han aportado información en versiones voluntarias a cambio de beneficios judiciales. Estas declaraciones han facilitado la localización de fosas y la identificación de víctimas que no estaban registradas oficialmente.

Ramelli reiteró que la cifra inicial nunca fue considerada un límite definitivo, sino un punto de partida en la construcción de la verdad. En ese sentido, subrayó que el proceso sigue en evolución a medida que se desclasifican documentos y se obtienen nuevos testimonios.

El aumento en el número de casos plantea nuevos desafíos para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), encargada de coordinar la recuperación de cuerpos en zonas rurales de difícil acceso. Para las familias de las víctimas, este reconocimiento representa un avance en términos de memoria y dignidad, aunque también confirma que la magnitud de los hechos fue mayor de lo que se estimaba inicialmente.