Las llamadas e intimidaciones estarían saliendo del Coiba de Picaleña.

Desde la Alcaldía de Ibagué dieron a conocer que en las últimas horas cuatro presidentes de Junta de Acción Comunal han sido blanco de amenazas de muerte y extorsión.

“Acerca de algunas llamadas amenazantes y extorsivas que han recibido algunos presidentes de Junta de Acción Comunal de la Ciudad de Ibagué, precisamente anoche tuvimos una reunión en la Comuna 12 y tuvimos la oportunidad de llevar a los profesionales del Gaula Militar para que hablaran no solamente con esos líderes, sino con los participantes de la reunión, los habitantes de los diferentes barrios de la Comuna 12, porque efectivamente la extorsión es un delito que se ha venido incrementando en todo el país, en Ibagué hoy tenemos un incremento del 6%”, reveló el secretario de Gobierno de la ciudad, Edward Amaya Márquez.

Y añadió: “en cuanto a casos de extorsión denunciados, esto sin tener en cuenta los casos que no sean denunciados por las víctimas, por eso aprovechamos la oportunidad para pedirle a la ciudadanía que se vea afectada por este tipo de llamadas, que la primera reacción que deben tener es informarle a la Policía o al Ejército, al Gaula de Policía o Gaula de Ejército, en el entendido de que podemos iniciar rápidamente una investigación y determinar de dónde vienen ese tipo de llamadas”.

Por otra parte, al ser indagado sobre las investigaciones adelantadas por parte de las autoridades y si ya se sabe de dónde vienen esas llamadas intimidantes el secretario de Gobierno de Ibagué señaló: “por ejemplo, estas primeras llamadas ya se ha determinado que provienen de la cárcel, entonces básicamente lo que necesitamos es la participación y colaboración de la ciudadanía, como ya lo han hecho algunos líderes que informaron inmediatamente al Gaula y ya se tiene una trazabilidad acerca del proceso y de dónde vienen esas llamadas”.

Le puede interesar: CSJ acusó al exsenador Ciro Ramírez por presuntos hechos de corrupción

Los extorsionistas, según las autoridades, cuentan con información detallada sobre las víctimas, incluyendo nombres, lugares de trabajo e incluso datos sobre sus familias. Este conocimiento previo busca generar miedo en las personas afectadas, lo que puede llevar a pagos rápidos y alimentar el ciclo de extorsión.

“De los pocos casos que nosotros conocemos, no, y la información que queremos manejar es que sea una información oficial y que las personas denuncien. Ayer los miembros del Gaula del Ejército nos comentaban que en esta semana se ha evitado el pago de más de 200 millones de pesos, precisamente porque se ha podido identificar de dónde han salido estas llamadas, entonces es fundamental la denuncia de la ciudadanía”, finalizó Amaya, haciendo alusión a que ninguno de los líderes afectados ha depositado ningún tipo de dinero.