Por: Juan Urrea

La historia del país ha demostrado que combinar elecciones y promesas frente a delitos de mafias o grupos criminales termina en graves consecuencias para la institucionalidad de la nación.

La normatividad vigente habilita al gobierno nacional a adelantar solo dos tipos de procesos, negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley, que tengan un mando responsable y ejerzan sobre una parte del territorio un control que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, a los cuales se les otorga carácter político y se busca pactar acuerdos denominados de paz; y el segundo tipo, acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento.

Así las cosas es preciso destacar que es una instancia de Alto Nivel coordinada por el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y el Alto Comisionado para la Paz la que debe hacer el estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que puedan verse beneficiadas por la ley. Ante ello, y de acuerdo con recientes excarcelaciones habrá que preguntarse ¿Las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto ya están determinadas por esa instancia de alto impacto? ¿Todos los acercamientos con grupos criminales por parte de aliados e integrantes del gobierno nacional se han hecho en el marco de la ley 4418 de 1997? Porque ha sido la norma la que ha descrito que quienes adelanten esos acercamientos deben estar expresamente autorizados ¿Quiénes son los autorizados por el gobierno nacional?, los que no han sido autorizados expresamente ¿en calidad de qué hablan con grupos criminales?

Ahora bien, la norma contempla dos figuras para la interlocución con los grupos criminales, miembros de las estructuras criminales y voceros, que si bien no pertenecen a las estructuras, so autorizadas por estas para adelantar dichas conversaciones, ¿El gobierno nacional estableció en calidad de qué condenados y posteriormente excarcelados negocian términos con grupos criminales? ¿voceros o representantes? Y es que ha sido el mismo presidente del Congreso quien ha pedido una pausa en el desarrollo de la paz total, una alerta tardía pero preocupante en el análisis, en un país donde el orden público tiene graves afectaciones en zonas de influencia de cultivos ilícitos.

Finalmente, es preciso recordar que los Acuerdos de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos hacen parte integral de la Constitución Política, en ellos, quienes hacían parte de las FARC e incumplían debían ser sometidos a la justicia ordinaria; hoy el gobierno nacional plantea darles el carácter de grupo criminal de carácter político ¿El gobierno nacional por medio de la iniciativa legislativa adelantará un proyecto de Acto legislativo que modifique la Constitución y permita negociar nuevamente con las FARC?

Para hacer la Paz Total se requieren luces y transparencia frente a la nación, adelantar negociaciones a espaldas del país con grupos indeterminados y sin las calidades propias de representación por parte del gobierno y de los grupos criminales afecta gravemente la institucionalidad y aumenta los cuestionamientos y la confianza que todos los procesos requieren por parte de los colombianos.