Por: Camilo Ernesto Ossa – Twitter: @camiloossa10

Dos hechos, por supuesto hay muchos más, sin solución aparente a la vista, pero que enmarcan claramente, la crisis que vive la justicia en Colombia. Vamos por partes. Primero, la semana pasada, se realizó un plantón en el parque Manuel Murillo Toro de Ibagué para protestar por el aumento de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes en el país y la consecuente impunidad que gobierna estos hechos delictivos en contra de los menores.

Las cifras son aterradoras, según la Organización Internacional Aldeas Infantiles SOS Colombia, en el país, 9 de cada 10 delitos sexuales cometidos contra menores quedan en la impunidad y el Tolima está por encima de la media nacional en casos de violencia sexual contra menores.

Segundo, también la semana pasada fue noticia la captura del Juez Promiscuo Municipal de Ambalema (Tolima), presuntamente, por pedirle dinero a sus funcionarios (no se sabe si a todos o solo algunos) para mantenerlos en su cargo, es la configuración, de llegar a probarse, de un típico caso de concusión, pero lo que sí se ha venido descubriendo, por información revelada en un medio de comunicación local, es que también habría hecho entrega, el juez, de un bien parafiscal a un particular (al parecer, abogado), contraviniendo las disposiciones legales. Que peligroso, para un Estado Social de Derecho, para la paz y la equidad, por un lado, ese contubernio entre jueces y particulares para obtener un beneficio personal a través de una decisión y, por el otro, una causa, sea cual sea, que bien podría ser la de un menor a la espera de una determinación judicial en un caso de violencia sexual, una inasistencia alimentaria, o un empresario a la espera del reconocimiento de una indemnización por el cierre arbitrario e ilegal de su actividad comercial -por citar algunos ejemplos de cómo la alteración indebida a la imparcialidad de la justicia nos afecta a todos-.

La reforma a la justicia, tantas veces “cacareada” y “prometida” en la pasada campaña electoral, no da espera, ya el ministro de Justicia Néstor Osuna anunció, en el mes de septiembre, la confección de dicha reforma por parte del gobierno, que, en esencia, busca reducir la ineficiencia e impunidad judicial, tal vez, en palabras del ministro, con más presencia del poder judicial. Esto buscaría resolver una parte del problema, la impunidad, pero queda el otro que descompone el sistema, la aparente corrupción en el trámite judicial, para lo cual es necesario fortalecer la independencia y los mecanismos de sanción a los jueces y magistrados incursos en estas prácticas ilegales, ni que decir de los particulares que propician o se benefician de estas actuaciones y que ponen en riesgo, incluso, la estabilidad democrática de la nación.

Las cifras son alarmantes, al 90% de impunidad en casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, según la ONU Mujeres, en casos de feminicidios, la impunidad también ronda el mismo porcentaje (90%); los casos por corrupción son recurrentes, pues no olvidemos el de Carlos Mattos por soborno a jueces o el del exmagistrado Jorge Pretelt por concusión en el caso de Fidupetrol. La búsqueda de una solución requiere atención urgente, a tal punto que se convierte en un pre-requisito para alcanzar la denominada Paz Total.