Por: Dahian García Covaleda

Gustavo Petro gobierna tensando la cuerda. No busca consensos, los fuerza.

La insistencia en una Asamblea Constituyente y el aumento del salario mínimo por decreto no son decisiones aisladas, sino parte de una misma estrategia… presionar al sistema cuando el sistema no obedece.

La Constituyente, hoy inviable jurídica y políticamente, funciona más como amenaza que como proyecto. Petro la usa para elevar el conflicto; si el Congreso o las cortes frenan sus reformas, el problema deja de ser institucional y pasa a ser moral. Ya no es una discusión de reglas, sino de pueblo contra élites.

El salario mínimo por decreto sigue la misma lógica. Al romper la concertación, el presidente refuerza su narrativa favorita, él actúa, los demás bloquean. El costo económico importa menos que la ganancia política de mostrarse como un Ejecutivo decidido.

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Así, Petro empuja a Colombia hacia un hiperpresidencialismo plebiscitario, donde el presidente se presenta como intérprete exclusivo de la voluntad popular y los contrapesos como estorbos. El conflicto no es un error de gobierno, es su combustible.

Petro puede argumentar que las instituciones colombianas han sido lentas, tradicionales y poco receptivas al cambio social. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿hasta dónde se puede estirar el poder presidencial sin romper el equilibrio democrático?