Hincapié anuncia nuevas solicitudes de investigación por el relleno sanitario de Natagaima

El representante a la Cámara y la senadora Laura Ahumada pedirán a la Contraloría, la Procuraduría y Cortolima revisar la permuta de terrenos, la documentación del contrato de operación y las condiciones ambientales de la infraestructura.

El representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié volvió a pronunciarse sobre la situación del relleno sanitario de Natagaima, esta vez junto a la senadora Laura Ahumada, para anunciar nuevas solicitudes de revisión ante los organismos de control, debido a interrogantes que, según los congresistas, persisten sobre la propiedad del predio y la operación de la infraestructura.

En el comunicado, los congresistas señalaron que las explicaciones entregadas por la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima (EDAT) no resuelven las dudas relacionadas con la titularidad del terreno y las inversiones públicas realizadas en el proyecto. «Las explicaciones entregadas por el gerente de la EDAT con respecto a la propiedad pública del predio no resuelven las dudas sobre la inversión de recursos públicos en un bien privado», indicaron en el documento.

La controversia se relaciona con la documentación de los terrenos vinculados al relleno sanitario. Mientras la EDAT afirmó que la infraestructura está construida en el predio identificado con matrícula inmobiliaria 368-4199, adquirido mediante una permuta, los congresistas sostienen que existen diferencias entre los registros consultados y la información consignada en documentos técnicos y contractuales.

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Según el comunicado, el estudio técnico de la Alcaldía de Natagaima y el acta de entrega de la infraestructura al operador no identificarían el lote de ocho hectáreas mencionado por la gerencia de la EDAT. Además, los congresistas indicaron que la Empresa de Servicios Públicos de Natagaima hace referencia a un terreno de 10 hectáreas y 4.350 metros cuadrados, sin especificar la matrícula inmobiliaria correspondiente.

Cuestionamientos sobre la permuta y la licencia ambiental

Otro de los puntos que solicitarán revisar es la permuta de terrenos realizada en 2011. De acuerdo con los congresistas, los certificados de tradición que dicen haber consultado indicarían que el municipio entregó un predio de 10 hectáreas y 4.350 metros cuadrados y recibió otro de ocho hectáreas.

Por esta razón, pedirán establecer si se realizaron avalúos de los inmuebles, cuáles fueron los criterios técnicos y económicos utilizados para el intercambio y qué funcionarios participaron en su autorización.

También solicitarán revisar la licencia ambiental otorgada por Cortolima el 7 de diciembre de 2010, mediante la Resolución 4462. Los congresistas plantean interrogantes sobre la titularidad del terreno al momento de expedirse la licencia y la posterior formalización de la permuta, que, según el comunicado, ocurrió en abril de 2011.

Solicitarán intervención de los organismos de control

Como parte de las acciones anunciadas, Ahumada e Hincapié pedirán a la Contraloría revisar la permuta y las inversiones públicas realizadas en el relleno sanitario; a la Procuraduría, examinar la licencia ambiental, el contrato de operación y el saneamiento del predio; y a Cortolima, verificar en terreno la capacidad de la infraestructura y su correspondencia con el área autorizada.

Los congresistas también manifestaron preocupación por la continuidad del servicio de disposición final de residuos sólidos para cerca de diez municipios, ante la posibilidad de que el relleno no pueda seguir recibiéndolos en los próximos meses.

Por su parte, la EDAT había señalado que el relleno funciona desde 2023 bajo la operación de una empresa privada y que cuenta con documentación para respaldar la propiedad y destinación del terreno. La entidad también indicó que el funcionamiento y la vida útil de la infraestructura dependen, entre otros factores, de la cantidad de residuos recibidos y de las condiciones de operación.

Hasta el momento, los cuestionamientos expuestos por los congresistas corresponden a solicitudes de revisión y asuntos que buscan esclarecer ante las entidades competentes; no constituyen, por sí mismos, una determinación sobre la existencia de irregularidades.