El concejal señaló que los hallazgos de la Contraloría corresponden a diferentes contratos y cuestionó el funcionamiento del tanque de Miramar. También respondió a las críticas que relacionan sus denuncias con una eventual aspiración a la Alcaldía.

El concejal de Ibagué Andrés Zambrano dio a conocer un informe de la Contraloría General de la República que, según explicó, advierte presuntos hallazgos de detrimento patrimonial por cerca de $20.000 millones en contratos relacionados con las obras del acueducto complementario. El cabildante indicó que, junto al senador Duvalier Sánchez, solicitó una auditoría para ampliar la revisión de estos proyectos y establecer posibles responsabilidades.

De acuerdo con Zambrano, inicialmente se identificaron hallazgos por más de $8.000 millones en una muestra de contratos que sumaban aproximadamente $35.000 millones. Posteriormente, una auditoría sobre proyectos por cerca de $125.000 millones habría identificado otros $11.200 millones en presuntos hallazgos.

«Entonces, no podemos normalizar que tengamos detrimento de casi 20.000 millones de pesos y no sepamos qué pasó con esa plata, quién se la quedó, para dónde se fue. Y eso es lo que hoy estamos exigiendo y lo que estamos denunciando, pues, con el senador Duvalier Sánchez; y es que necesitamos saber los responsables de este presunto detrimento patrimonial», manifestó el concejal.

Entre los aspectos cuestionados, el cabildante mencionó el tanque de Miramar, ubicado en el sur de la ciudad, con capacidad para 2.000 metros cúbicos. Según afirmó, la infraestructura fue inaugurada el 15 de octubre de 2024, pero su funcionamiento no sería completo.

«No entendemos por qué inauguran el 15 de octubre del 2024 una obra que no está funcionando, o no está funcionando en su totalidad. ¿Por qué inauguraron una obra que tiene hoy un tanque que ni siquiera se ha podido llenar luego de esa famosa inauguración?», expresó Zambrano.

El concejal indicó que el informe de la Contraloría fue conocido aproximadamente entre junio y julio de este año. También señaló que la Administración municipal estaría preparando un plan de mejoramiento para 2027, frente al cual espera realizar seguimiento desde el Concejo.

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En ese sentido, defendió el ejercicio de control político y sostuvo que las denuncias deben traducirse en actuaciones que permitan esclarecer los hechos y determinar si existen responsables.

«Nosotros aquí lo hemos dicho: que los corruptos en Ibagué no duerman tranquilos mientras estemos nosotros ejerciendo nuestra labor política dentro del Concejo Municipal de Ibagué, porque para eso nos eligió la gente. Eso no puede ser romántico, no puede ser utópico, debe ser real; y es que los concejales debemos cumplir con la labor constitucional y legal para la que fuimos encomendados cuando la ciudadanía votó por nosotros», afirmó.

Zambrano responde a críticas sobre una posible candidatura

Frente a los señalamientos de sectores afines al gobierno de la alcaldesa Johana Aranda, que relacionan sus cuestionamientos con una eventual aspiración a la Alcaldía de Ibagué, el concejal aseguró que su trabajo de oposición y control político comenzó desde su posesión.

Como antecedentes, mencionó sus pronunciamientos sobre el Sistema Estratégico de Transporte Público, el Parque Centenario y la Concha Acústica, el puente de la calle 60 y la señalización vial, además de las obras del acueducto complementario.

«Y es por eso que seguramente ahora el nuevo caballito de batalla en contra de nosotros es que la gente ha venido planteando la idea de que aspiremos a la alcaldía y entonces que por eso es que hoy hacemos el trabajo; cuando lo venimos realizando es desde que nos posesionamos aquí en nuestro proceso de control político como concejal del municipio. Así que nosotros seguiremos haciendo el trabajo, seguiremos avanzando porque hoy soy concejal y es la labor que me encomendó la gente que debo hacer», concluyó.

Los hallazgos mencionados corresponden a presuntas irregularidades patrimoniales y no constituyen, por sí solos, una declaración definitiva de responsabilidad fiscal o penal. El esclarecimiento de los hechos y la determinación de eventuales responsables corresponden a las autoridades competentes.