El tribunal concluyó que el expresidente del Senado montó una “falsa oposición” y facilitó el trámite de la reforma pensional a cambio de un soborno de $3.000 millones.

El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura —conocida como “muerte política”— del exsenador Iván Leonidas Name Vásquez, quien presidió el Congreso entre 2023 y 2024. La Sala Especial de Decisión determinó que el excongresista de Alianza Verde incurrió en tráfico de influencias al favorecer irregularmente el trámite de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro.

Según la providencia, Name no se limitó a votar en contra ni a mantener una postura crítica. En sesiones clave, se ausentó o cedió de forma deliberada la conducción de la plenaria a la senadora María José Pizarro. Esa renuncia al control institucional permitió acelerar los debates e implementar votaciones en bloque, eludiendo las funciones que el reglamento le exigía ejercer.

Para el alto tribunal, esta conducta no fue fortuita, sino parte de una “falsa oposición”. El fallo acreditó que Name concertó estas maniobras con Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, a cambio de beneficios indebidos.

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Dicho provecho se enmarca en la red de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las pruebas recaudadas indican que en octubre de 2023 se entregaron 3.000 millones de pesos al congresista —fondos desviados de contratos como el de los carrotanques para La Guajira— a fin de destrabar la agenda legislativa del Ejecutivo.

Aunque la Procuraduría solicitó negar la sanción por considerar que no hubo presión directa, el Consejo de Estado concluyó que se configuraron los elementos objetivo y subjetivo de la causal. El fallo advierte que la actuación del exlegislador vulneró de gravedad la moralidad pública, la representación democrática y la dignidad del cargo.

Actualmente, Name permanece privado de la libertad de manera preventiva por orden de la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga penalmente por cohecho impropio y peculado. Por tratarse de una decisión de primera instancia, la defensa podrá interponer recurso de apelación ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. De quedar en firme, no podrá volver a postularse a cargos de elección popular.