La revisión alcanza a exministros, directores de agencias y figuras públicas afines a la administración anterior.

La Unidad Nacional de Protección dirigida por el abogado y psicólogo Didier Fabián Blanco Rodríguez, notificó el retiro de medidas de protección a más de una docena de exministros, exdirectores de entidades y figuras cercanas a la administración de Gustavo Petro. Según la entidad, la decisión responde a un proceso de reevaluación del nivel de riesgo que se adelanta en Bogotá desde finales de agosto de 2026.

De acuerdo con revelaciones de medios de comunicación como Semana y El País, entre los exministros notificados figuran Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), José Antonio Ocampo y Germán Ávila (Hacienda), Armando Benedetti (Interior), Yesenia Olaya (Ciencia), Antonio Sanguino (Trabajo), Diana Morales (Comercio), Rosa Yolanda Villavicencio (Cancillería) y Yeimi Carina Murcia (TIC).

La medida también abarca a exdirectivos como Otty Patiño (excomisionado para la Paz), Jorge Lemus (Dirección Nacional de Inteligencia), Daniel Quintero (Superintendencia de Salud), Jaime Dussán (Colpensiones) y Carlos Carrillo (UNGRD), así como a Ángela María Robledo (expresidenta de la junta de Ecopetrol), Pilar Rueda, Mayerly Alejandra Legarda Quilcué y Daniel Mendoza.

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Ante estas notificaciones, La FM informó que Jorge Lemus confirmó la recepción del requerimiento y anunció que interpondrá un recurso de apelación, precisando que el desmonte del esquema aún no se había hecho efectivo al momento de la notificación.

Este ajuste no constituye un hecho aislado. Según El País, la UNP inició la revisión integral de las asignaciones de la administración previa desde el cierre de agosto. Como parte de ese proceso, semanas atrás ya se había retirado la escolta a figuras afines al expresidente que no desempeñaban funciones públicas, tales como Levy Rincón, Beto Coral, Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero.

Blanco Rodríguez, especialista en derecho penal oriundo de Ibagué, fue designado por el presidente Abelardo de la Espriella el 23 de julio de 2026 y asumió oficialmente funciones el 19 de agosto mediante el Decreto 1228. En su momento, el Ejecutivo justificó el nombramiento bajo la premisa de “recuperar la confiabilidad institucional frente a la corrupción y el clientelismo, dignificar al personal de protección y restablecer los protocolos a rajatabla”. 

En esa línea, el funcionario declaró: “Mi única prioridad será proteger vidas, la del político y la del líder social con igual importancia y urgencia”.

Entre los cambios operativos, la dirección técnica anunció el restablecimiento del protocolo de seguridad en sus cinco fases originales, luego de advertir que este había sido reducido a tres pasos en la administración anterior.

Hasta el momento, la UNP no ha emitido un informe público que detalle los resultados puntuales de cada matriz de riesgo, amparada en su facultad legal para revisar periódicamente los esquemas asignados. Por su parte, varios de los afectados han manifestado reparos sobre el alcance y la oportunidad de las decisiones.