Denuncian supuestas inconsistencias en documentos de presunto contratista de la Alcaldía de Ibagué

Óscar David Zabala atribuyó los señalamientos a un supuesto intento de afectar su actividad política y aseguró que las inconsistencias obedecen a errores en la plataforma y a la interpretación de las normas sobre declaraciones de bienes y rentas.

Una denuncia de identidad reservada fue remitida a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía de Ibagué, entre otras entidades, para solicitar que se investiguen presuntas inconsistencias en la documentación presentada por el abogado Oscar David Zabala durante su vinculación contractual con la administración municipal.

Los señalamientos están relacionados principalmente con la experiencia laboral consignada en su hoja de vida y con la información registrada en su declaración de bienes, rentas y conflictos de interés. El documento pide establecer si estas situaciones podrían tener alguna consecuencia penal, disciplinaria o contractual.

Uno de los puntos cuestionados corresponde a la experiencia docente registrada en la hoja de vida. Según la documentación incluida en la denuncia, aparece como fecha de inicio el 1 de agosto de 2018 y como fecha de terminación el 26 de noviembre de 2025, mientras que en el mismo formulario se contabiliza una experiencia docente de un año y seis meses.

El documento también señala que Zabala obtuvo su título de abogado en abril de 2022 y posteriormente se especializó en Derecho Administrativo, título que recibió en marzo de 2025. A partir de estos datos, los denunciantes solicitan que se determine cuál fue la naturaleza de la experiencia docente reportada desde 2018 y cuáles son los soportes correspondientes.

No obstante, la documentación mencionada en la denuncia no permite establecer por sí sola que haya existido una falsedad o la comisión de un delito. La verificación de estos hechos corresponde a las autoridades competentes.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la declaración juramentada de bienes, rentas y conflictos de interés registrada ante el Departamento Administrativo de la Función Pública. En el documento, correspondiente a su ingreso como contratista de la Alcaldía de Ibagué y publicado el 21 de mayo de 2025, aparecen respuestas negativas frente a la participación en juntas o consejos directivos y a la participación en corporaciones, sociedades o asociaciones.

La denuncia solicita confrontar esa información con una presunta participación de Zabala como representante legal de la fundación Creer y Merecer. Sin embargo, dentro de los documentos revisados no se encontró un certificado externo que permita confirmar por sí mismo ese señalamiento.

Los certificados de antecedentes

El expediente también contiene certificaciones expedidas durante 2025 relacionadas con antecedentes y posibles inhabilidades.

La Procuraduría General de la Nación certificó el 9 de julio de 2025 que Zabala no registraba sanciones ni inhabilidades vigentes. Por su parte, la Contraloría General de la República informó que no aparecía como responsable fiscal.

Asimismo, una consulta realizada ante la Policía Nacional indicó que no registraba asuntos pendientes con las autoridades judiciales a la fecha de la verificación.

En cuanto a su ejercicio profesional, una certificación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial señaló que, al 21 de mayo de 2025, no figuraban sanciones disciplinarias vigentes como abogado.

El expediente también incluye una consulta relacionada con el registro de inhabilidades para personas condenadas por delitos sexuales contra menores de 18 años. La consulta, realizada el 10 de julio de 2025, indicó que Zabala no registraba una inhabilidad en ese registro.

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Zabala responde a los señalamientos

Consultado por Enfoque TeVe 360, Oscar David Zabala rechazó las acusaciones y sostuvo que detrás de la denuncia habría intereses políticos. El abogado afirmó que se trata de una actuación encaminada a afectar su participación en escenarios políticos y electorales. «Unas organizaciones y fuerzas oscuras de partidos tradicionales están buscando el quiebre por hacer el trabajo bien y por hacer un liderazgo objetivo y participativo».

Sobre la experiencia docente, Zabala negó haber presentado información con el propósito de aumentar artificialmente su trayectoria profesional y explicó que la diferencia observada en el documento obedecería a un error en la plataforma utilizada para registrar la información. «Yo supuestamente estoy inflando mi experiencia de docente al colocar de que yo llevo trabajando como docente siete años, lo cual es falso».

Según su explicación, el problema estaría relacionado con la forma en que la plataforma registró las fechas. «Es un tema de la plataforma CGEP en donde se coloca mal el año». El abogado aseguró que la información que finalmente aparece en su hoja de vida registra una experiencia docente inferior y que cuenta con documentación para respaldarla. «Al final yo le voy a enviar la imagen en mi CGEP y en mi hoja de vida parece que mi experiencia como docente fue un año y medio y ahí está la información y el soporte correspondiente».

Respecto al cuestionamiento sobre la fundación Creer y Merecer, Zabala sostuvo que no estaba obligado a incluir esa condición en la declaración cuestionada, según su interpretación de la normativa aplicable. «Me acusan de que yo debía haber en mi declaración de renta reportado que soy representante legal de la fundación Creer y Merecer».

El abogado afirmó que, de acuerdo con la norma que menciona, la obligación de reportar determinadas participaciones dependería de las condiciones específicas de la vinculación con organizaciones o de la existencia de conflictos de interés. «No es necesario reportar las fundaciones, sólo si soy parte de una junta directiva, una asociación y una corporación o si tengo un conflicto de interés».

Zabala agregó que, según su versión, la fundación no ha tenido contratos con la Alcaldía de Ibagué ni con la Gobernación del Tolima durante los periodos señalados. «Nosotros no hemos contratado ni con la Alcaldía de Ibagué ni con la Gobernación del Tolima en el periodo de 2025 y 2026».

Finalmente, el abogado relacionó la denuncia con su actividad política y anunció que estudia emprender acciones legales contra quienes realizaron los señalamientos. “Es una denuncia que lo que busca es sacarnos del camino”. Y agregó: “Vamos a instaurar nuestras acciones jurídicas”.

Zabala también manifestó que pretende acudir ante la Fiscalía contra las personas que, según él, estarían detrás de la denuncia. «Vamos a instaurar a las personas que están haciendo ese tema y denunciarlas penalmente ante la Fiscalía».

Por ahora, el caso corresponde a una denuncia que solicita la apertura de verificaciones. Será competencia de las autoridades determinar si las inconsistencias señaladas obedecen a errores de registro, a diferencias en la interpretación de las obligaciones documentales o si eventualmente existe alguna responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal o contractual. Hasta que se produzca una decisión de las autoridades, los señalamientos no constituyen por sí mismos una declaración de responsabilidad.