Tras asumir la cartera, la funcionaria frenó convenios y radicó una denuncia penal ante la Fiscalía por audios que revelan presuntas exigencias de coimas a su nombre, en medio de hallazgos por $365.000 millones en proyectos sin respaldo presupuestal.

La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, declaró una ofensiva institucional contra presuntas redes de intermediación corrupta en la cartera y ordenó la suspensión temporal de todos los nuevos procesos de contratación pública, convenios y prórrogas. La decisión se conoció de forma simultánea a la radicación de una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por una grabación en la que terceras personas exigen coimas del 8 % invocando su despacho.

Al entregar el balance de empalme, Vesga advirtió que la Contraloría General de la República no feneció la cuenta fiscal de la vigencia 2025 tras emitir una opinión contable negativa. El diagnóstico arrojó una brecha de $2,9 billones entre recursos comprometidos ($4,3 billones) y pagos efectivamente obligados ($1,3 billones). A este desbalance se suma la revisión de 28 resoluciones con 176 proyectos por más de $490.000 millones, de los cuales 108 —equivalentes a $365.000 millones— carecían de registro presupuestal, en su mayoría destinados a obras de infraestructura hospitalaria.

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La medida administrativa frenó la firma de contratos de prestación de servicios, adiciones presupuestales y modificaciones de convenios vigentes, dejando cualquier trámite indispensable bajo la autorización estricta de su despacho. En el frente penal, la ministra llevó ante las autoridades audios en los que interlocutores afirman que se debía apartar un porcentaje económico a su nombre y para miembros técnicos de infraestructura por canales privados.

«Los recursos de la salud no son la caja menor de funcionarios, contratistas, intermediarios ni políticos. Son de los hospitales, los medicamentos, los médicos, las enfermeras y los millones de colombianos que esperan ser atendidos», enfatizó Vesga, ratificando que no tolerará gestiones paralelas y que se adelantará un cruce detallado entre resoluciones, proyectos y beneficiarios para sanear las finanzas del sector.