La dirigente política advirtió que la decisión podría constituir una intervención indebida en la administración de la empresa y un grave precedente para el sector transportador colombiano

La exsenadora Paloma Valencia lanzó una fuerte denuncia contra el Gobierno Nacional tras la expedición de la Resolución 2004 de 2026 de la Superintendencia de Transporte, mediante la cual se adoptan medidas sobre la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda.

Según la resolución expedida el 13 de marzo de 2026, la Superintendencia reconoció la ineficacia de varias decisiones adoptadas por la Asamblea General de Asociados de Velotax, argumentando que existen sentencias del Tribunal Superior de Ibagué que declararon ineficaces las actas 78 de 2016 y 81 de 2017, así como las actuaciones derivadas de estas.

La entidad sostiene que la cooperativa no adoptó las medidas necesarias para superar la crisis jurídica advertida desde años atrás.

Sin embargo, Valencia asegura que detrás de la actuación administrativa existiría una intención de desplazar a los órganos legítimos de dirección de la empresa y asumir el control de una de las compañías de transporte más representativas del país.

La dirigente cuestiona que desde la SuperTransporte se haya promovido la designación de una administración ajena a la voluntad de los asociados, pese a que, según su interpretación, la jurisprudencia constitucional establece que corresponde a la propia organización adelantar los procesos de normalización institucional.

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La polémica surge porque la resolución no solo reconoce la ineficacia de las actas 78 y 81, sino también de varias asambleas posteriores, al considerar que fueron convocadas por órganos administrativos afectados por las irregularidades iniciales.

La SuperTransporte argumenta que la situación crítica persiste y que los directivos de Velotax desconocieron las órdenes impartidas para corregir los problemas identificados.

Para Valencia, el caso trasciende a Velotax y podría convertirse en una señal de alerta para el empresariado colombiano. La exsenadora sostiene que, de confirmarse una intervención administrativa que exceda las facultades legales de la Superintendencia, se estaría enviando un mensaje de inseguridad jurídica a las empresas privadas y cooperativas del país.

La dirigente política incluso advirtió que este episodio podría ser interpretado como el inicio de una estrategia de presión sobre sectores económicos que no comparten las posiciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro. No obstante, hasta el momento no existe una decisión judicial que respalde dichas afirmaciones y la Superintendencia ha sustentado su actuación en fallos previos del Tribunal Superior de Ibagué y en sus competencias de vigilancia y control sobre empresas del sector transporte.

El caso promete convertirse en uno de los debates más sensibles entre el Gobierno Nacional y el sector transportador, mientras los asociados de Velotax evalúan las acciones jurídicas que podrían emprender para controvertir las decisiones adoptadas por la autoridad de vigilancia.