Al parecer no habrían tramitado una iniciativa presupuestal de la alcaldesa y convocaron presuntamente a sesiones fuera del periodo legal, lo que motivó acciones legales por prevaricato y falsedad ideológica.

Una serie de acciones legales ante la Procuraduría General de la Nación y denuncias penales han sido instauradas contra los integrantes de la mesa directiva del Concejo de Líbano – Tolima, debido a presuntas irregularidades en el manejo y trámite de un proyecto de empréstito presentado por la alcaldesa Beatriz Valencia.

Según pudo conocer Enfoque TeVé 360, la mandataria contaría con los votos necesarios para su aprobación, pero carece del respaldo de la mesa directiva.

Un integrante del cabildo, que prefirió que no se revelara su identidad, dio a conocer que existen denuncias ciudadanas y gremiales, donde señalan al presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente de haberse dedicado a «obstaculizar el proceso del empréstito«, argumentando de manera errónea el mes pasado que «se habían vencido unos términos».

En ese sentido, es de recordar que el reglamento estipula que debe haber un mínimo de tres días de diferencia entre el estudio en comisión y el debate en plenaria; sin embargo, los integrantes de la mesa directiva presuntamente adujeron que por haber transcurrido dicho lapso, la iniciativa ya no podía ser evaluada y omitieron incluirla en el orden del día de la plenaria.

Las denuncias también señalan supuestas maniobras evasivas por parte de la directiva el día en que se pretendía estudiar la propuesta: «El presidente dijo que le había dado un infarto, el vicepresidente dijo que se había tenido un accidente en la moto [y] la otra vicepresidenta dijo que no la habían dejado entrar a la alcaldía».

Posteriormente, en las sesiones sucesivas, varios concejales presentaron proposiciones para modificar el orden del día e incluir el proyecto. No obstante, la mesa directiva rechazaba de forma sistemática la procedencia de estas iniciativas, omitiendo su trámite y votación. Ante las protestas y apelaciones de los cabildantes, la presidencia optó por «levantar la sesión» en al menos cuatro o cinco oportunidades.

La situación escaló tras la emisión de una resolución interna por parte de la mesa directiva, mediante la cual convocaron a sesiones para evacuar los temas pendientes. Expertos jurídicos y denunciantes advierten que los directivos «no pueden hacer eso porque el periodo de sesiones ya se acabó» el último día de mayo. Legalmente, dicha facultad le corresponde en exclusiva a la alcaldesa a través de una convocatoria a «sesiones extraordinarias».

Finalmente, a raíz de estos hechos, la sesión programada para el día de hoy debió ser cancelada debido a que «no hubo quórum de nada». En consecuencia, los implicados ya enfrentan denuncias formales por presunto «prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica [y] extralimitación de funciones».