El abogado señaló la existencia de material probatorio que vincularía la gestión de recursos nacionales con beneficios electorales en el departamento del Tolima.

La credencial de Marco Emilio Hincapié como representante a la Cámara por el Tolima enfrenta un proceso judicial de nulidad. El abogado y excandidato al Concejo de Ibagué, Henry Torres, se pronunció sobre el avance de estas investigaciones, centrando sus argumentos en el presunto uso de recursos públicos y estructuras de contratación para favorecer la campaña del hoy congresista.

Según Torres Pinilla, el proceso judicial cuenta con evidencias que relacionarían la llegada de giros presupuestales desde el Gobierno Nacional con intereses políticos locales. El jurista vinculó estas acciones con la gestión del Ministerio de Salud en la región.

«Se demuestra probatoriamente los giros que fueron destinados al departamento del Tolima que están muy bien, pero el objetivo de estos giros era beneficiar precisamente al ministro de salud el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo y en su momento a Hincapié que hacía parte del Ministerio de Salud», mencionó.

Asimismo, el abogado resaltó que la estructura de apoyo de Hincapié Junior habría contado con personal vinculado contractualmente a Coljuegos, lo que, a su juicio, generó un desequilibrio en la contienda electoral.

«Ahí vemos la desventaja que tuvieron otros candidatos frente a la elección del doctor Marco Emilio Hincapié y un grupo nutrido de contratistas que hacían parte de su equipo de trabajo», sostuvo.

Crítica a las dinámicas de campaña

Henry Torres enfatizó que estas prácticas contradicen el discurso de transparencia que suelen promover ciertos sectores políticos. En su declaración, señaló lo que considera una contradicción ética en el uso de la burocracia.

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«Son ellos los que muchas veces salen a los medios de comunicación a hablar de las demás campañas políticas que piensan diferente a ellos (…) criticando la burocracia, la contratación, los presupuestos, las ventajas que sacan que porque las administraciones y las maquinarias hacen parte de estas elecciones», indicó.

Expectativa por el fallo judicial

El proceso, que es adelantado por varios juristas, busca que la justicia determine si hubo irregularidades sustanciales que afecten la validez de la votación. Torres finalizó haciendo un llamado a la imparcialidad del sistema judicial.

«Espero que se respete el debido proceso, que se haga lo justo y se aplique la norma y que no sea un fallo político sino un fallo en justicia y de verdad en el marco de la ley», concluyó.

Por ahora, el departamento permanece a la espera de las decisiones que tomen los tribunales competentes sobre el futuro de la representación tolimense en la Cámara.