Su asiatencia a la plenaria del 14 de abril provocó un cruce de acusaciones personales y reavivó el debate sobre ética pública y seguridad.

En una de las sesiones más tensas del actual periodo legislativo, el Senado de la República fue escenario de un fuerte enfrentamiento verbal entre los senadores Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Paloma Valencia, del Centro Democrático, durante la plenaria del 14 de abril.

El origen de la controversia fue la presencia en el recinto de Ciro Ramírez. El hecho llamó la atención en medio de un debate que inicialmente giraba en torno a la situación de seguridad en el país.

Durante la sesión, Cepeda interrumpió su intervención para cuestionar la asistencia de Ramírez, calificándola como inapropiada y contraria a los estándares éticos del Congreso. El senador también pidió a la bancada de oposición que solicitara a dirigentes investigados o condenados abstenerse de participar en actividades legislativas, señalando que su presencia afecta la credibilidad de los discursos sobre seguridad y legalidad.

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En respuesta, Valencia rechazó los señalamientos y defendió su postura política, al tiempo que criticó al actual Gobierno Nacional. La senadora afirmó que no mantiene vínculos con estructuras criminales y cuestionó las políticas de seguridad impulsadas por la administración vigente, en particular la estrategia de «Paz Total», la cual calificó como permisiva frente a actores ilegales.

El intercambio escaló con alusiones personales entre ambos congresistas, reflejando el alto nivel de polarización en el debate político. Valencia reiteró su visión de que la criminalidad debe enfrentarse con medidas estrictas y defendió la necesidad de fortalecer la autoridad del Estado, mientras que Cepeda insistió en la importancia de la coherencia ética en la vida pública.

Este episodio evidencia las profundas diferencias ideológicas entre los sectores políticos representados por ambos senadores y anticipa un escenario de confrontación creciente de cara a las elecciones presidenciales de 2026, donde temas como la ética pública, la seguridad y los antecedentes judiciales de figuras políticas serán centrales en la agenda nacional.