La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó este 19 de marzo de 2026 un informe temático que documentó 410 homicidios de personas defensoras entre 2022 y 2025.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que Colombia sigue ocupando uno de los primeros lugares mundiales en riesgo para quienes defienden los derechos humanos, un fenómeno que no ha logrado revertirse pese a algunos avances institucionales registrados en los últimos años.

El informe temático, que cubre el período 2022-2025, verificó 410 homicidios de líderes sociales, ambientales, indígenas, campesinos, integrantes de Juntas de Acción Comunal, mujeres y personas LGBTIQ+. Estos casos se registraron en 28 departamentos y 184 municipios, con mayor incidencia en regiones como Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo.

La cifra eleva a 972 los asesinatos documentados desde 2016, lo que confirma la continuidad de la violencia a lo largo de casi una década.

«Es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos», afirmó el Alto Comisionado Volker Türk.

El documento detalla que el 73 % de los homicidios estarían relacionados con actores armados ilegales vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas; otro 8 % con organizaciones criminales, mientras que en el 11 % no se identificaron responsables.

Le puede interesar: MOE advierte a funcionarios públicos: “ningún comentario” sobre orientación sexual o etnia de candidatos

Además de los asesinatos, se registraron miles de amenazas y ataques, muchos de ellos concentrados en comunidades indígenas (23 % de las víctimas pese a representar solo el 4,7 % de la población nacional).

La ONU reconoció que el Gobierno actual ha priorizado el tema, ha mantenido diálogo con organizaciones sociales y ha avanzado en el diseño de una política integral de garantías. Sin embargo, advirtió que persisten problemas estructurales como la impunidad, la falta de coordinación entre entidades estatales, la insuficiencia del actual modelo de protección individual y la ausencia de acciones efectivas ante las alertas tempranas.

«El Gobierno actual ha implementado varias medidas importantes para abordar la violencia contra las personas defensoras, pero, como muestra este informe, aún queda mucho por hacer», añadió Türk.

El informe plantea recomendaciones concretas al Gobierno y a la próxima administración que asumirá en agosto de 2026: adoptar e implementar plenamente la Política Nacional de Garantías, fortalecer la articulación entre seguridad, paz y derechos humanos, combatir la impunidad con investigaciones estructurales, exigir el cese de la violencia a los grupos armados en los diálogos de paz y promover una ley estatutaria que reconozca y proteja la labor de defensa de derechos humanos con enfoque colectivo, territorial y de género.

Con este diagnóstico, la ONU insta a las autoridades colombianas a pasar de las alertas y los esquemas individuales a una protección integral y preventiva que atienda las causas profundas de esta violencia que, año tras año, cobra la vida de quienes trabajan por los derechos de las comunidades más vulnerables.