El mandatario invitó a las plazas públicas este jueves, evocando el masivo apoyo del 3 de febrero con «cadenas de afecto».

El presidente Gustavo Petro convocó a nuevas movilizaciones nacionales este jueves 19 de febrero en todas las plazas públicas del país, en respuesta directa a la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado sobre el Decreto 1469 de 2025, que establecía el salario mínimo vital para 2026.

La medida cautelar del alto tribunal administrativo, emitida el 13 de febrero, ordena al Gobierno expedir un decreto transitorio en un plazo de ocho días mientras resuelve de fondo las demandas que cuestionan la justificación técnica y legal del aumento.

El fallo del Consejo de Estado argumenta una posible infracción al artículo 8 de la Ley 278 de 1996, al considerar insuficiente la motivación jurídica y económica del decreto unilateral expedido por el Ejecutivo tras no lograr acuerdo en la Comisión de Concertación. Aunque la suspensión no es inmediata ni retroactiva los trabajadores continúan percibiendo el monto decretado hasta que se expida el nuevo decreto transitorio, ha generado fuerte controversia política en plena campaña electoral.

En su trino, Petro enfatizó la defensa del salario vital como un derecho constitucional y vinculó la convocatoria a la protección de la democracia: «Este jueves las y los espero en todas las plazas públicas del país. Por el salario vital y la libertad de voto. Estaré en la plaza de Bolívar de Bogotá».

Según el jefe de Estado, los motivos de las movilizaciones subrayan demandas históricas impulsadas por el movimiento social y el gobierno progresista: el salario vital busca garantizar un ingreso que cubra necesidades básicas y cierre brechas de desigualdad, alineado con las protestas del Paro Nacional de 2021 que exigían reformas en empleo, salud y educación.

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El presidente Petro ha defendido que el decreto incorpora criterios como inflación, productividad y crecimiento económico, y que suspenderlo «pone en riesgo la Constitución» al deteriorar el poder adquisitivo.

Además, la libertad de voto se refiere a prevenir supuestas interferencias externas o manipulaciones en procesos electorales, reforzando la soberanía popular ante lo que el gobierno percibe como «bloqueo institucional».

La decisión judicial ha agitado el escenario político: simpatizantes del gobierno la ven como un atentado contra políticas sociales, convocando a las calles para defender conquistas laborales, mientras opositores critican el decreto original por falta de concertación y celebran el control judicial.

El Ejecutivo anunció que expedirá el decreto transitorio manteniendo el espíritu del aumento, y Petro solicitó aclaraciones al magistrado ponente para extender plazos y defender la medida en estrados. Estas movilizaciones buscan fortalecer el respaldo ciudadano al modelo de equidad y paz colectiva en medio de tensiones preelectorales.