La exdirectora de Fenalco Tolima aseveró que «sin productividad, empresas fuertes y empleo formal, ningún salario por alto que sea alcanza. Solo genera más inflación e informalidad».

La abogada y doctora en Derechos Humanos Alba Lucía García, conocida por su enfoque en el desarrollo regional y su origen tolimense, ha expresado en dos publicaciones en la red social X sus reservas sobre el reciente aumento del salario mínimo anunciado por el Gobierno colombiano.

En sus trinos, García enfatiza la necesidad de un enfoque equilibrado que priorice la productividad y la estabilidad económica, advirtiendo sobre posibles efectos negativos como la inflación y la informalidad laboral.

En su primer post, dirigido al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Trabajo, argumenta que las decisiones sobre el salario mínimo no deben basarse únicamente en anuncios unilaterales. Según ella, un incremento sin respaldo en productividad, consenso y una economía sólida podría generar inflación, mayor informalidad y pérdida de empleo, ya que un mayor ingreso nominal no compensa el encarecimiento general de los bienes.

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En una segunda publicación, la exsecretaria de Desarrollo Económico de Ibagué, profundiza en esta crítica, señalando que aunque el aumento suene atractivo en el discurso, en la práctica no beneficia a los trabajadores si no se acompaña de empresas fuertes, productividad y empleo formal.

Destaca que, sin estos pilares, ningún salario, por alto que sea, resulta suficiente. Estas opiniones se enmarcan en el contexto de las discusiones nacionales sobre el ajuste salarial para 2026, donde el Gobierno busca equilibrar el poder adquisitivo con la sostenibilidad económica.

Hasta el momento, las publicaciones de la exprecandidata a la Cámara de Representantes han generado interacciones moderadas, incluyendo respuestas que coinciden en la complejidad del tema, pero proponen perspectivas adicionales sobre la responsabilidad empresarial y el impacto de la economía ilícita.

La discusión resalta la polarización en torno a las políticas laborales en Colombia, con argumentos a favor de la protección social versus la necesidad de fomentar la competitividad empresarial.