Radican demanda de pérdida de investidura contra presidenta del Concejo de El Espinal por presunto conflicto de intereses

Según los hechos, la cabildante habría votado por su compañero de lista del movimiento ciudadano Somos Independientes, Andrés Felipe Melo Pérez, para que ocupara el cargo de secretario General del Concejo.

Una seria controversia política sacude al municipio de El Espinal, Tolima, tras la radicación de una demanda de pérdida de investidura contra la concejal y actual presidenta del Concejo Municipal, Diana Marcela Gómez Cortés, por una presunta violación al régimen de conflicto de intereses.

La acción judicial fue interpuesta por el veedor ciudadano Gustavo Adolfo Collazos Roncancio, en su calidad de integrante de la veeduría Tolima Despierta.

La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo del Tolima con solicitud de medida cautelar que busca la suspensión inmediata de Gómez Cortés de su cargo.

Según los hechos descritos en el documento, la concejal habría votado por su compañero de lista del movimiento ciudadano Somos Independientes, Andrés Felipe Melo Pérez, para que este ocupara el cargo de Secretario General del Concejo Municipal. La votación se dio el pasado 2 de enero de 2024, en el marco de un supuesto acuerdo político en el que, según la demanda, se pactó entregar ese puesto a cambio de respaldos electorales obtenidos en los comicios del 29 de octubre de 2023.

El demandante argumenta que Diana Marcela Gómez, al no declararse impedida en la elección de Melo Pérez con quien compartió lista electoral incurrió en un claro conflicto de intereses tipificado en la Ley 136 de 1994, la Ley 617 de 2000 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

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Estas normas prohíben expresamente que funcionarios públicos participen en decisiones que favorezcan a sus socios políticos o de hecho.

Además, la acción judicial incluye señalamientos por presunta dilación en la entrega de documentación solicitada por parte del Concejo, lo cual según el veedor pone en riesgo la transparencia del proceso y genera sospechas sobre una posible manipulación de pruebas.

La demanda invoca antecedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y solicita al Tribunal que imponga las respectivas inhabilidades y comunique cualquier decisión a las autoridades electorales competentes.

Este caso podría tener fuertes repercusiones en el escenario político de El Espinal y encender alertas sobre prácticas clientelistas en corporaciones públicas del departamento.

Por ahora, se está a la espera de que el Tribunal Administrativo del Tolima decida si admite la demanda y decreta la medida cautelar solicitada.