Reacciones encontradas por reubicación de desplazados del Catatumbo en Honda, Tolima

La defensora del Pueblo, enfatizó que «el respeto a los derechos de las personas desplazadas no es una concesión, es un deber de todas las autoridades», mientras que el diputado Juan Guillermo Beltrán cuestionó la medida al considerar que el Gobierno Nacional está «moviendo a los habitantes del Catatumbo en vez de recuperar el territorio».

El debate sobre la reubicación de 92 personas desplazadas del Catatumbo en el municipio de Honda, Tolima, ha generado fuertes reacciones tanto de las autoridades locales como de defensores de derechos humanos. La decisión, tomada por el Gobierno Nacional en medio de la crisis humanitaria en la región del Catatumbo, ha sido rechazada por algunas voces políticas  del departamento, mientras que otros defienden la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, hizo un llamado a las autoridades locales y al diputado Juan Guillermo Beltrán para que brinden su respaldo a las personas desplazadas. La funcionaria enfatizó que «el respeto a los derechos de las personas desplazadas no es una concesión, es un deber de todas las autoridades y también de la sociedad«. Además, destacó que el desplazamiento forzado vulnera el derecho constitucional a la libre circulación y explicó que es obligación del Estado restablecer este derecho. “Desconocerlo es un incumplimiento de la ley por parte de estas autoridades«, aseguró Marín Ortiz.

La defensora también hizo un llamado a las autoridades locales a revisar sus posturas de discriminación y rechazo hacia las personas desplazadas. «El conflicto armado ha afectado a todo el país, también a los pueblos de Tolima. Colombia debe ser un territorio seguro para todas las personas«, sostuvo, haciendo énfasis en la necesidad de una integración comunitaria sin discriminación. Además, afirmó que la Defensoría del Pueblo acompañará la reubicación, promoviendo actividades de sensibilización y divulgación de derechos.

Por su parte, el diputado Juan Guillermo Beltrán  expresó su desacuerdo con la decisión del Gobierno Nacional y cuestionó la lógica detrás de la reubicación de las familias en esa población norteña, a más de 700 kilómetros del Catatumbo. «No se nos ha explicado por qué se escogió Honda para reubicar a las víctimas. Además, el Gobierno parece estar moviendo a los habitantes del Catatumbo en vez de recuperar el territorio«, señaló el asambleísta, quien también cuestionó la presencia de excombatientes de grupos armados en el grupo de desplazados. «No queremos que se trasladen violencias y persecuciones de otros territorios al Tolima«, añadió.

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Beltrán también destacó la situación de las víctimas locales en Honda, señalando que el municipio ya alberga a 1,529 víctimas del conflicto que no han recibido apoyo: «¿Por qué el Gobierno le da tierra y recursos a estas nuevas familias, mientras que los que han estado aquí más de 10 años siguen sin solución?», se preguntó el diputado.

Finalmente, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, también se pronunció por la reubicación de los desplazados en Honda. «Tengo una preocupación muy grande con las familias que llegaron del Catatumbo a Honda; mi preocupación es que, ojalá, no vayan a sufrir una desilusión», expresó, añadiendo que la decisión del Gobierno Nacional fue «cortoplacista» y que las familias no recibieron una solución sostenible para su futuro. “Les entregaron un predio sin mirar las condiciones de sostenibilidad”, afirmó la gobernadora, destacando lo que consideró como una falta de planificación a largo plazo para la reubicación.

Mientras las autoridades locales y los defensores de derechos humanos piden una mayor integración y apoyo a las víctimas del conflicto, el debate sobre la reubicación en Honda continúa siendo un tema de tensión.