Fue declarado responsable de los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado; y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio. 

Un juez penal de conocimiento condenó a 58 años y 3 meses de prisión a Brayan Snaither Campo Pillimué, el hombre responsable de la muerte de una niña de 12 años en Candelaria, Valle del Cauca, y la posterior incineración de su cuerpo. El hecho ocurrió el 29 de septiembre de 2024, y el condenado aceptó los cargos que se le imputaron, entre ellos feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado, y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, la niña salió de la casa de sus abuelos para recoger un champú y bañar a su mascota. En el camino, pasó frente a un establecimiento de artículos para animales propiedad de Campo Pillimué, quien la interceptó con engaños y la indujo a ingresar al local. Una vez dentro, el hombre, de 32 años, bajó la reja del establecimiento, golpeó a la niña en la cabeza, dejándola inconsciente y sin signos vitales.

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Horas más tarde, Campo Pillimué envolvió el cuerpo en costales, lo trasladó en una motocicleta a una zona de cañaduzales en la vía que conecta Candelaria con Florida, y le prendió fuego. El cuerpo fue encontrado al día siguiente por los forenses.

En el curso de la investigación, también se reveló que el condenado intentó secuestrar a otra niña de 12 años minutos antes de cometer el crimen, pero la menor logró escapar a tiempo.

Campo Pillimué fue sentenciado a cumplir su pena en la Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar y, además de la condena de prisión, deberá pagar una multa equivalente a 39.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Este caso conmocionó a la comunidad local y fue un duro recordatorio de la necesidad de fortalecer las medidas de protección para los menores de edad ante situaciones de violencia. La decisión judicial reafirma el compromiso del sistema de justicia con la sanción a quienes atentan contra la vida e integridad de los niños y niñas del país.