¿Qué está pasando en el Tribunal Administrativo del Tolima?

Por: Mariano Martínez

En un muy reciente fallo emitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se ratificó en el cargo al actual alcalde municipal de Ataco, dejando sin efectos jurídicos la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima que anuló la elección de Héctor Fabio Muñoz Briñez como primer mandatario, por una presunta doble militancia en el momento de la inscripción como candidato a las elecciones regionales de octubre de 2023.

Los detalles del proceso kafkiano contra el actual mandatario de Ataco, vienen por parte de sus contradictores políticos desde el mismo momento de su presentación, recordemos que el Consejo Nacional Electoral declaró improcedente una solicitud de nulidad para la inscripción del citado mandatario municipal, que para las pasadas elecciones regionales obtuvo el aval del partido Nueva Fuerza Democrática.

Generar decisiones judiciales con clara intencionalidad política, es una de las tantas falencias que hacen que haya dudas sobre la calidad del acceso a la justicia, que a nivel general y específico no debería tener ningún tipo de inusitado.

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La carga de la prueba debe contar con una claridad documental, argumentativa y de transparencia en todos los procesos tanto de candidatura y campaña electoral como de gestión. Y ante la subjetividad natural del concepto y formación personal de cada juez o magistrado, sumado a la naturaleza de elección de los jueces, no existe garantía de imparcialidad y objetividad colombiana.

Es muy importante la victoria jurídica del alcalde Muñoz, debido a que la defensa se tomó el trabajo de realizar de manera impecable la exposición de antecedentes que mostraban la transparencia y apego a la Ley tanto como concejal municipal en ejercicio, candidato a la alcaldía y alcalde electo.

En el Tribunal Administrativo del Tolima existe una justicia politizada, que disfraza de coherencia jurídica los prejuicios e intrigas de grupos poderosos con conexiones clientelares en toda la estructura del Poder Público.

Es lamentable para una región crucial para la construcción de paz y progreso en el país como lo es el Tolima, su apéndice de la Rama Jurisdiccional, esté conectando con barniz de derecho la calumnia y la vulneración de los derechos fundamentales no sólo de un ciudadano, que por el voto popular ha sido concejal y ahora alcalde del municipio de Ataco, sino de toda una comunidad que antes fue víctima de los actores del conflicto armado, y ahora lo sea de una justicia parcializada que afecta la gobernabilidad, la estabilidad política y el desarrollo pleno de un municipio pujante, que solamente con las reglas claras y el respeto a la gestión de sus gobernantes puede salir adelante.