Las internas realizaron la denuncia a través de la fundación Comité de solidaridad con los presos políticos y el apoyo del Colectivo Arte de Ser en Ibagué.

El pasado 9 de mayo del 2023, las mujeres disidentes sexuales y de género de la Reclusión de Mujeres en inmediaciones de Pereira, en Risaralda, compartieron un comunicado de prensa con asunto de “solicitud”, en el que se expusieron diferentes irregularidades dentro del establecimiento. 

“Nosotras, las abajo firmantes, queremos expresar por medio de este escrito la problemática que se viene presentando en la reclusión de mujeres la Badea Pereira y la reiterada vulneración de los derechos humanos, civiles y vitales en su totalidad”, expresaron las denunciantes por medio de la carta. 

Las internas denunciaron públicamente que hay maltratos psicológicos, físicos, discriminación, prejuicios, alimentación deficiente e insuficiente.

Y es que, en el centro penitenciario, se ha observado una situación preocupante en la que, presuntamente, no hay presencia de un médico en el área de Sanidad, lo que impide brindar una atención primaria efectiva y oportuna. Además, se ha denunciado de manera constante la insuficiencia y deficiencia en la alimentación, ya que no se cumplen los estándares de calidad ni las cantidades adecuadas.

De igual manera, las mujeres detenidas manifestaron que el Cuerpo de Custodia y Vigilancia (CCV), realiza comentarios discriminatorios hacia la comunidad LGBT, racistas y clasistas, además de extralimitarse en sus funciones. También se ha denunciado casos de violencia como represalia, ya que cuando las internas intentan denunciar a algún miembro del personal penitenciario, estas denuncias no llegan a las autoridades correspondientes o, si se inicia el proceso, no se logra avanzar en él. 

“Entre otros burlesco, está la homofobia, racismo, clasicismo y extralimitación en sus funciones. Toda denuncia en contra de las funcionarias no prospera e igualmente forman retribuciones en contra de las PPL denunciantes. Existen maltratos físicos, verbales y psicológicos, prejuicios, discriminación, cobros elevados, alimentación deficiente e insuficiente, pérdida de tiempo de redención interna y externa, etc.”, señalaron las reclusas.

Asimismo, se han identificado problemas en el área jurídica, donde se ha observado incompetencia por parte del personal encargado, lo cual retrasa los trámites de libertad y cambios de fase de las internas. Esto impide que se les otorguen los beneficios administrativos y los subrogados penales.

Es importante destacar que esta no es la primera vez que estas mujeres presentan denuncias por los mismos hechos. En agosto de 2022, se realizó una denuncia pública a través de W Radio debido a la falta de garantías de un mínimo vital existencial, lo cual violaba sus derechos a la salud, a recibir suministros de higiene de manera oportuna y a una alimentación adecuada, constatando que los malos tratos se han realizado de manera sistemática y arbitraria. Además, las mujeres han recibido amenazas por parte por las directivas de la cárcel, advirtiéndoles sobre posibles represalias si realizan denuncias, eso fue mencionado por la W Radio.

La situación denunciada por este sector de población demuestra la contradicción con la legislación en materia penitenciaria.

“Estar privadas de la libertad no es causal de desprendimiento de los derechos humanos y menos de la dignidad humana, la exhortación y obligación a comprar los útiles de aseo”, agregan.

Además, afirmaron ser conscientes de exponerse a represarías y de ponerse en el “filo de la navaja” al realizar estas declaraciones, pero que están dispuestas a “exponer todas las falencias del supuesto mejor reclusorio de Colombia, en donde se evidencia día a día la vulneración de los derechos humanos”, para así lograr visibilizar estas graves problemáticas.

Finalmente, las reclusas denunciantes solicitaron la ayuda de los medios y las personas para que puedan cambiar esta situación deplorable.

“Aunque podemos profundizar aún más en muchas de las problemáticas internas, queremos rogarles nos ayuden a que el mundo externo sepa que este reclusorio es el principal ‘pisoteador’ de la dignidad humana. De corazón esperamos que esta súplica no quede en letra muerta y menos sean sólo gritos a la bandera”, puntualiza el documento.

Presuntamente, todos los hechos mencionados evidencian una clara y reiterada violación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, especialmente en el caso de las mujeres y aquellas con identidades sexuales que difieren de las tradicionalmente y erróneamente consideradas «normales». Esta situación resalta la necesidad urgente de abordar y corregir las deficiencias en el sistema penitenciario, promoviendo el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su género, orientación sexual o identidad de género.

Se hace un llamado a los organismos de control, como la Procuraduría, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo, para que intervengan y tomen medidas en relación con esta situación. Es crucial que se ponga fin a esta cadena interminable de violaciones a los derechos humanos de las personas que están denunciando aquí, así como de toda la población carcelaria del país. Es fundamental que se realicen las investigaciones correspondientes, se tomen acciones correctivas y se implementen medidas que aseguren el respeto de los derechos humanos en el ámbito penitenciario.