lunes, 29 de septiembre de 2025 04:05

Connect with us

Ibagué

Ibagué tendría política pública para vendedores ambulantes

Published

on

Contempla en disminuir la vulnerabilidad económica, reducir la pérdida de capital social y aumentar la credibilidad del Estado en programas del espacio público.

La lucha contra la informalidad y el desempleo en Ibagué continúa siendo una de las prioridades de la administración municipal.

Por lo anterior, ha adelantado diferentes estrategias a lo largo de estos tres años, y estableciendo la Política Pública del Vendedor Informal como ruta de acción para que los próximos gobiernos sigan comprometidos con esta labor.

Así las cosas, en cumplimiento a la Ley 1988 de 2019 y el Decreto 801 de 2022, se presentó ante el Concejo la Política Pública para el Vendedor Informal, la cual consta de tres lineamientos, nueve estrategias y más de 100 actividades dirigidas a los diferentes actores públicos y privados, siendo la iniciativa respaldada por decisión unánime de los cabildantes, y convirtiendo a Ibagué en una de las pocas capitales del país que cuenta con esta política pública, como Medellín.

“Este es un trabajo completo y meticuloso, el cual inició con las ya aprobadas Política Pública de Desarrollo Económico, continúa con la Política Pública para el Vendedor Informal y seguirá con nuestra próxima apuesta: la Política Pública para el Empleo Digno y Decente en Ibagué”, resaltó Alba Lucía García, secretaria de Desarrollo Económico.

Durante más de seis meses, un equipo interdisciplinario de profesionales adelantó mesas de diálogo con asociaciones de vendedores informales, comercio formal y la ciudadanía de las 13 comunas, haciéndolos partícipes del documento expuesto y aprobado.

“Con esta política pública, la administración de turno deberá velar por el cumplimiento de tres objetivos específicos, que son: Disminuir la vulnerabilidad económica de los trabajadores informales en el espacio público, reducir la pérdida de capital social y económico por hechos de conflictividad, y aumentar la credibilidad del Estado en los programas enfocados a las mejoras en el uso del espacio público. Todo esto en cinco fases que deberán concluir en el año 2032”, agregó García.