Judicial
Procuraduría exigió a ADRES pagar deuda al Hospital Federico Lleras Acosta
La mora e insuficiencia en el giro de los recursos ha impedido realizar los pagos de salarios al personal médico y administrativo.
Con un mensaje de urgente, la Procuraduría General de la Nación requirió al director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) transferir los dineros correspondientes al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, para que esta entidad prestadora de servicios de salud atienda las necesidades de los ciudadanos de manera oportuna, eficiente y suficiente.
En la misiva, manifestó que la mora e insuficiencia en el giro directo de los recursos del periodo comprendido entre diciembre de 2022 y enero de 2023 ha impedido realizar los pagos de salarios al personal médico y administrativo, conformado por unos 1.300 trabajadores, así como a los proveedores, quienes han amenazado con suspender las operaciones de la institución hospitalaria y la atención en salud a la población tolimense.
El ente de control enfatizó que, según lo dispuesto legalmente, a la ADRES le corresponde garantizar el adecuado flujo de recursos del sistema, y que en ningún caso el cumplimiento del techo o presupuesto máximo que la administradora transfiera y sea gestionado por las Empresas Prestadoras de Salud, podrá afectar la prestación del servicio por parte de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
Finalmente, la Procuraduría Regional de Instrucción de Tolima solicitó a la ADRES informar las gestiones adelantadas para asegurar el flujo de recursos que le permitan al Hospital Federico Lleras Acosta, así como a los demás hospitales de la red pública departamental, conservar la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones.
El Ministerio Público recordó que esta actuación no implica coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas del hospital, y reiteró que su actuar busca anticiparse a la ocurrencia de hechos que impliquen la afectación del derecho fundamental a la salud y de la prestación de los servicios médicos por parte de la Empresa Social del Estado (ESE).
